Por Andrea Solórzano
Guatemala se ha caracterizado por ser un país altamente conservador, especialmente en la religión, la cual tiene una fuerte influencia en el contexto político y en la convivencia social. A pesar de que la Constitución Política de la República resalta que el país es laico, dicho predominio religioso cierra la conversación respecto al aborto y su influencia obstaculiza el debate político entorno a él y en el peor de los casos, atenta contra los derechos de salud reproductiva y sexual de miles de niñas, adolescentes y mujeres adultas que no desean ser madres.
Para contextualizar, el aborto en Guatemala es severamente restringido por la ley, este se permite únicamente en los casos donde la vida de la mujer embarazada se encuentra el peligro. El mismo silencio y tabú sobre el aborto en los hogares y el hecho que las mujeres que han interrumpido su embarazo no quieran hablar de ello por el miedo a la persecución, ha evitado que puedan realizarse investigaciones que aporten estadísticas exactas sobre cuantas interrupciones se realizan en el país.
Sin embargo, varias organizaciones de la sociedad civil se han tomado la tarea de investigar minuciosamente esta problemática. Una de las investigaciones más completas es la realizada por Guttmache Institute, “Embarazo no planeado y aborto inseguro en Guatemala”, realizada por un grupo de mujeres extranjeras y guatemaltecas, con el fin de indagar en las cifras y analizar qué acciones son necesarias para disminuir los abortos inseguros.
“Más de un tercio de las 180,000 guatemaltecas que enfrentan un embarazo no planeado buscan un aborto, con frecuencia arriesgando su salud al recurrir a proveedores inadecuadamente capacitados”, expresa el informe.
Sobre esto, los resultados de la investigación estimaron que, unos 65,000 abortos inducidos ocurren cada año en Guatemala, lo que se traduce en una tasa anual de 24 abortos por 1,000 mujeres en edad reproductiva (15–49). A su vez, cada año, más de un tercio (36%) de los embarazos no planeados en Guatemala se resuelven a través del aborto inducido.
El 19% de los abortos se realizan en el área metropolitana del país, y el 13% en las áreas rurales. También se determinó que las comadronas tradicionales proveen casi la mitad (49%) de los abortos en el país, mientras que una fracción mucho más pequeña (16%) es provista por médicos.
INSEGURIDAD OBSTÉTRICA
Entre las consecuencias de la ilegalidad del aborto, está la inseguridad obstétrica que puede atentar directamente contra la vida. Las interrupciones realizadas por personal médico y bajo las condiciones de higiene adecuadas son bastante seguras.
De hecho. según la organización de servicios de salud reproductiva, Planned Parenthood, “El aborto en clínica es un procedimiento muy seguro, sencillo y común”. No obstante, enfatiza que, como todo procedimiento médico, puede estar sujeto a riesgo, pero la probabilidad disminuye considerablemente cuando se llevan a cabo en centros medios legalmente regulados, pues se asegura contar con todos los insumos necesarios y con el personal capacitado.
Por el contrario, Guttmache Institute determino que en Guatemala las comadronas tradicionales proveen casi la mitad (49%) de los abortos en el país, mientras que una fracción mucho más pequeña (16%) es provista por médicos.
“Se estima que la probabilidad de que un aborto clandestino resulte en complicaciones que requieran hospitalización varía entre 15% en mujeres que recurren a un médico y al menos 70% en aquellas que se autoinducen el aborto o usan los servicios de una comadrona tradicional”.
LA BRECHA ECONÓMICA
Los abortos seguros que sean realizados con la atención medica capacitada hacen que sea más difícil y costoso su acceso, esto genera una brecha reforzada por la desigualdad social y el clasismo, ya que muchas mujeres guatemaltecas pertenecientes a clases medias o altas tienen más posibilidades de abortar de forma segura recurriendo a los métodos correctos o incluso viajando al extranjero.
“Muchas mujeres pobres solamente pueden pagar los servicios de un proveedor sin capacitación y, por lo tanto, tienen muchas más probabilidades que las mujeres de mayores recursos de sufrir complicaciones”, detalla la investigación, además se estima que los profesionales médicos cobran cerca de 10 veces más que lo que cobran las comadronas.
Por ello, resulta acertado que la proporción de abortos que son autoinducidos varía relativamente en función del origen étnico o de área de residencia y situación de pobreza.
Los profesionales capacitados y que trabajan en áreas urbanas utilizan principalmente el método relativamente seguro de legrado.Por el contrario, los proveedores no capacitados utilizan métodos que con frecuencia son peligrosos, incluso algunos no son efectivos y conducen a varios intentos fallidos.
“Estos incluyen la introducción de objetos sólidos en el útero, la administración de medicamentos hormonales no aprobados, y el uso de preparaciones herbales tradicionales y remedios populares”.
Los abortos realizados en la clandestinidad tienen fuertes repercusiones sobre la salud de las mujeres, se estima que anualmente unas 22,000 mujeres guatemaltecas reciben tratamiento en instituciones de salud debido a complicaciones de aborto inducido. Estas complicaciones varían desde abortos incompletos y hemorragia abundante hasta condiciones de riesgo de vida como la septicemia (infección) y la perforación uterina.
Algunos de los factores que contribuyen a no buscar atención médica para tratar las complicaciones derivados de abortos inseguros, está la resistencia de las mujeres a revelar que han tenido un aborto por el medio al maltrato del personal médico, las familiares, la inaccesibilidad a centros de salud pública y la brecha económica.
¿CUÁL ES LA PRINCIPAL CAUSA DEL ABORTO?
Una de las causas principales del aborto en Guatemala, son los embarazos no deseados, esta situación es frecuente al tratarse de un país con escasos recursos en materia de accesibilidad a la salud pública y educación sexual enfocada en la prevención y planificación familiar.
A dos años de iniciado el siglo XXI, las mujeres guatemaltecas reportaron que aproximadamente uno de cada tres de sus nacimientos recientes fueron imprevistos o no deseados. Sobre esto, la investigación de Guttmache Institute, reportó que, aunque la proporción de nacimientos no planeados se ha mantenido relativamente estable, sin embargo, los nacimientos no deseados han aumentado en un tercio a comparación de las décadas pasadas, por lo tanto, uno de cada siete nacimientos es no deseado.
“En 2002, más de una cuarta parte de las mujeres en unión (28%) no querían tener un hijo en el futuro próximo y, sin embargo, no estaban usando un método anticonceptivo para evitar el embarazo. El nivel de la necesidad insatisfecha de anticoncepción es especialmente alto—cuatro de cada 10 mujeres—entre la población indígena”.
Finalmente, la investigación destaca dos posibles consecuencias que pueden derivarse del hecho que las mujeres tienen hijos más de lo que desearían tener, y si los deseos por tener familias más pequeñas continúan aumentando a un ritmo mayor que la implementación del uso de anticonceptivos.
“Dos consecuencias son probables: las mujeres pueden tener aún más nacimientos no planeados que los que ahora tienen, o pueden recurrir al aborto de manera creciente”.
MÁS DE 65,000 MIL EMBARAZOS
Según los datos del Observatorio en Salud Reproductiva (OSAR), a junio de 2021 se registraron 3,203 embarazos en niñas y adolescentes de 10 a 14 años, y 62,170 entre 15 a 19 años.
Alta Verapaz, Huehuetenango, San Marcos y Petén son los departamentos con los mayores porcentajes de estos embarazos.
Por otro lado, los nacimientos registraron un total de 54,043, de estos 52,590 pertenecen a adolescentes de 15 a 19 años y 1,453 al grupo etario de 10 a 14 años. Estas cifran son preocupantes y demuestran un abandono del Estado. El acceso al aborto en el país, en su mayoría permanece en la clandestinidad y por la misma ilegalidad, es difícil realizar una investigación exhaustiva donde se expongan las condicione de las clínicas o los métodos utilizados.
A una búsqueda en internet, se encuentran organizaciones como M de Mujer y Save2Choose, abren un espacio para informar a las mujeres sobre como acceder a una píldora abortiva y realizar un aborto desde casa con este método o incluso como poder viajar a México para realizarse un abordo quirúrgico. Aún así muchas mujeres que no tienen ni la posibilidad económica ni acceso a información o a internet, se quedan al margen y excluidas.
Es así como el aborto seguro en Guatemala se convierte en un privilegio, y su legalidad esta lejos de ser una realidad cuando los gobiernos de turno priorizan cumplir con la agenda “provida”, incluso si eso implica que hoy, más de 3mil niñas quedaran embarazas producto de una violación que les impedirá continuar con su proyecto de vida y atenta contra su dignidad humana.
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