La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) confirmó el pasado lunes 18 de octubre una sentencia en contra del Estado de Colombia por la implicación en el secuestro y tortura hacia la periodista Jineth Bedoya, quien fue una de las victimas del conflicto armado.

De tal manera la Corte señaló a través de un comunicado lo siguiente: “ la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a la integridad personal, honra y dignidad, libertad de expresión y garantías judiciales en perjuicio de la periodista por la ausencia de investigaciones sobre las amenazas que recibió con carácter previo y de manera posterior a los referidos hechos de 25 de mayo de 2000”.

Así el tribunal dictaminó que Bedoya fue víctima del gobierno de Colombia quien no brindó la debida protección solicitada para el cuidado de la periodista mientras realizaba su labor al cubrir los hechos, así como la violación en carácter de género acerca de las debidas investigaciones que no se hicieron conforme al plazo estipulado judicialmente. 

La periodista se refirió a la sentencia por medio de su cuenta de Twitter e indicó: “Una lucha que empezó por un crimen individual, llevó a la reivindicación de derechos de miles de mujeres victimas de violencia sexual y de mujeres periodistas que dejan parte de la vida en su oficio”.

Según el Observatorio de Memoria y Conflicto en Colombia alrededor de 15 mil 760 personas en su mayoría mujeres han señalado ser víctimas de violencia sexual durante los años del conflicto armado entre 1960 y 2020 por parte de militares y grupos guerrilleros. 

El caso de Jineth Bedoya sucedió cuando fue secuestrada el 25 de mayo del año 2000 mientras ella realizaba una investigación acerca del tráfico de armas en el interior de la cárcel La Modelo ubicada en Bogotá mientras salía de realizar  una entrevista a un paramilitar sobre el caso que cubría. 

La periodista de 26 años en aquel entonces, fue llevada a punta de arma de fuego por una mujer y un hombre a un lugar donde la torturaron y violaron un grupo de hombres que luego la dejaron abandonada en medio de la calle con signos de vida débiles. 

La minera Fénix contaba con la licencia 1208 la cual tiene fecha 17 de abril de 2006, licencia la cual fue suspendida el 18 de julio de 2019, luego de esta suspensión se tenía que seguir un proceso de preconsulta y consulta. En la cual tenían que ser parte: la Empresa, el Ministerio de Energía y Minas y los pobladores. 

Este proceso se vio afectado con la llegada del Covid-19, lo cual llevó a una suspensión, el 28 de septiembre se llevó a cabo el proceso de preconsulta en Puerto Barrios, Izabal. En la actividad se hicieron presentes 38 representantes titulares y 13 suplentes de las instituciones que ordenaron en la sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad.  

Los representantes de la Comunidad Q´eqchi´ cumplieron 19 días de resistencia pacífica el 21 de octubre. Los representantes solicitan se tome en cuenta a las autoridades ancestrales de dicha comunidad.

Los comunitarios del pueblo Q´eqchi´ señalaron que sus representantes ancestrales fueron excluidos por parte del Ministerio de Energía y Minas del proceso de pre consulta, la cual entidad de gobierno están realizando solo con comunidades afines al trabajo de la minera.

La resistencia ha estado en constante hostigamiento desde sus inicios. El 21 de octubre  se hizo presente un gran grupo de agentes de la PNC, solicitando se deje libre el camino, a lo que una de las autoridades ancestrales expresaron que el camino está libre para quienes necesitan entrar y salir a comprar o trabajar; y que los únicos que tienen cerrado el paso son los camiones de la empresa minera. 

El 22 de octubre se dejó de un lado lo pacifico cuando manifestantes y agentes de la PNC iniciaron una pelea para desalojar a los manifestantes. Luego a este precedente se le suma; un estado de Sitio.

El gobierno justifica el estado de sitio, debido a que las acciones afectan la gobernabilidad del país, como la libre locomoción y atentar en contra de los agentes de la PNC. 

Dicho estado de sitio se dio a conocer en el diario oficial el 24 de octubre, es el Decreto Gubernativo 9-2021 y establece las siguientes disposiciones:

• Estará vigente en un plazo de 30 días 

• Se prohíbe la libertad de acción, la libertad a reuniones y manifestaciones.

• La entidad encargada de cumplir estas disposiciones será el Ministerio de Defensa Nacional junto al Ministerio de Gobernación. 

• Dicho estado de sitio no discriminará etnias, sexo o religión.  

Sin embargo, se tiene un plazo de tres días para que el Congreso de la República apruebe o no el decreto. 

La tarde del 19 de octubre el Congreso de la República de Guatemala se vio atacado por grupos de exmilitares que exigían la aprobación de la iniciativa de ley 5664.

Luego de realizar una serie de manifestaciones durante los últimos días, los veteranos militares ingresaron a la fuerza a una parte del edificio legislativo ubicado en la zona 1 para demandar el pago efectivo de 120 mil quetzales para cada uno de los militares que sirvieron durante el conflicto armado interno.

Fotografía: autor desconocido hasta el momento

Los exmilitares lograron superar a las fuerzas policiales y ahuyentar a las mismas con machetes y palos que cargaban, lo cual ocasionó que la tensión en el centro de la ciudad de Guatemala aumentara, permitiendo así que los manifestantes ingresaran y tomaran parte de las instalaciones del congreso donde no permitieron que las y los diputados salieran. 

A través de imágenes compartidas por usuarios en las redes sociales se pudo constatar que las llamas y el humo eran notables en la ciudad de Guatemala desde los edificios, al igual que se vio como los policías eran perseguidos e intimidados por los retirados en cuestión.

Pero también circularon imágenes en las cuales se pudo observar como empleados del congreso intentaron evitar el ingreso a los manifestantes, colocando palos de madera y bloqueando los portones de ingreso del establecimiento.

Aunque los manifestantes lograron ingresar al parqueo del Congreso y prendieron fuego a carros y oficinas de la bancada UNE que se encuentran ubicadas en esa parte del establecimiento.

¿Otra promesa de campaña?

Mientras las fuerzas de la Policía Nacional Civil (PNC) dispersaron a los manifestantes circuló en redes sociales un vídeo donde se ve al presidente de la república, Alejandro Giammattei durante su período de campaña indicar que él apoyaría la iniciativa de Ley para apoyar a los veteranos, pero necesitaba del apoyo con votos de estos para poder llegar a la presidencia.

En el vídeo se puede escuchar como el presidente señaló: “Tengo que cumplir, porque un hombre que habla, se compromete y no cumple no merece llamarse hombre por eso yo sé que ustedes me van a ayudar a mi”.

También resaltó: “Yo como presidente del país voy a ir al frente como comandante general del ejército a pararnos ante el Congreso hasta que pase la Ley de dignificación. Lo tenemos que hacer porque yo no soy el que autoriza las leyes, es el Congreso… Tengo que velar por los veteranos que fueron del ejército y los miembros activos del ejército, ese es mi deber”.

Dijo: “Yo lo voy a acompañar a usted para que no me mienten la madre a mi, nosotros somos los que se la vamos a ir a mentar a ellos si no nos hacen caso que esa ley pase”.

Iniciativa de Ley 5664

La iniciativa de Ley 5664 fue propuesta por la exdiputada del partido TODOS, Ana Hernández y el actual diputado y jefe de bloque Felipe Alejos, mediante la cual se pretende dar una compensación económica a los militares retirados quienes prestaron servicios entre 1960- 1996 durante el conflicto armado interno. 

Sin embargo, la Ley de compensación económica por la prestación del servicio militar durante el enfrentamiento armado interno fue presentada en el año 2019, pero ha sido detenida en el legislativo desde inicios del año 2021.

Según al artículo 11 de esta iniciativa de Ley, se pretende conceder un monto de compensación de la cantidad de 120 mil quetzales para cada uno de los retirados, incluidos los ahora fallecidos, siendo programados los pagos directamente desde el presupuesto nacional y dirigidos por medio de la cartera del Ministerio de Defensa (MINDEF).

La cantidad deberá ser pagada en su totalidad en un periodo de 4 años siendo el monto de 30 mil por integrante.  

Pronunciamiento 

Los disturbios realizados por los veteranos llamaron la atención de organizaciones, industrias, embajadas y población guatemalteca y generaron diversas reacciones.

Personajes como el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas se pronunciaron vía Twitter donde recomendó a las autoridades del Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil arrestar a los responsables y salvaguardar la vida de las personas que se encontraban dentro del legislativo.

También el diputado Aldo Davila usó su cuenta de Facebook para hacer un llamado a la población con respecto a lo sucedido y solicitar a la fiscal general, Consuelo Porras (la sin visa) velar por el bienestar de las y los diputados como las acciones que ha tomado en contra de la oposición. 

Diputados como Luis Fernando Pineda del partido Semilla solicitó ayuda ante lo que ocurría en el Congreso y sus alrededores.

Aunque empresarios también emitieron comunicados sobre lo acontecido y fue la Cámara de la Industria de Guatemala (CIG) quien a través de su cuenta de Twitter señaló: “Condenamos toda acción que vulnere los derechos de los habitantes de la República de Guatemala y exigimos a las autoridades que intervengan y se restaure la tranquilidad en la población”. 

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) también se pronunció y comunicó: “Deben ser sancionados los responsables de atentados en el legislativo”.

La embajada de Estados Unidos en Guatemala envió un mensaje para los ciudadanos del país del norte que se encuentran en Guatemala, informando acerca de la situación y pidiendo a su población evitar presentarse en los espacios alrededores del Congreso de la República para salvaguardar su vida. 

Asimismo la Secretaria General de la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León (AEU) comparó las diferencias entre esta manifestación y el accionar policial con la forma en que se reaccionó a las manifestaciones del 21 de noviembre del año 2020 contra estudiantes y civiles que se encontraban manifestando en contra de la propuesta del presupuesto del año actual.

Otro de los pronunciamientos se dio por parte del diputado de la bancada Unionista Álvaro Arzú Escobar quien se ha mostrado a favor de la iniciativa de Ley, pero que ante los actos sucedidos expresó: “Rechazo totalmente las acciones violentas de los veteranos militares en contra del personal y los diputados del Congreso. Exijo que las fuerzas de seguridad actúen inmediatamente y desalojen por la fuerza a las personas que están tomando las instalaciones de manera ilegal”.

Exmilitares atacan a periodistas 

Agresiones verbales y físicas fueron las que sufrieron los periodistas que cubrían la situación sucedida alrededor del Congreso, quienes se vieron obligados a retroceder mientras grupos pertenecientes a los veteranos amenazaban y obligaban a los comunicadores a eliminar las fotos y vídeos que realizaban.

David Sanchinelli del medio Nuestro Diario fue golpeado en la cabeza mientras realizaba su labor como fotoperiodista por los manifestantes quienes también destruyeron sus herramientas de trabajo.

De igual forma, Javier Estrada del medio Quórum GT fue amenazado y golpeado al momento de la cobertura, así lo comentó el periodista a través de sus redes sociales por medio de las cuales informó su estado y la situación vivida.

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) emitió un comunicado en el cual “condena las agresiones que distintos periodistas sufrieron la tarde del martes por parte de veteranos militares”, así como exigen que se realicen las investigaciones pertinentes con respecto al actuar “cuestionable” de la Policía Nacional Civil. 

Arrestos de implicados en la quema del Congreso

Por la noche la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público informaron que se abrió una investigación para esclarecer los hechos.

Por otro lado también se dio a conocer el arresto de dos personas supuestamente involucradas en los hechos quienes responden al nombre de Teléforo Ramírez López de 68 años y Mynor de Jesús Barrientos de 55. Aunque un rato más tarde se anunció la captura de otros dos supuestos implicados conocidos como Juan Parachico Sánchez de 50 años y Ernesto Martinez Agustín de 47.

Según el ministro de gobernación Gendri Reyes se tiene indicios de al menos 10 organizaciones de veteranos que participaron en el incidente, las cuales indicó que serán canceladas si se llega a comprobar su participación.

¿Se repite el jueves negro?

Algunos internautas tomaron rápidamente las redes sociales para realizar comentarios en comparativa de lo sucedido con la situación del llamado “Jueves negro” aquel 24 de julio de 2003 cuando el exdictador Efraín Ríos Montt llamó a las fuerzas de su partido el FRG para tomar las calles y exigir su inscripción como candidato presidencial.

Personajes como el diputado por la bancada Semilla, Román Castellanos señalaron lo similar de la situación ocurrida aquel día, solo con la diferencia de que en esta las demandas eran otras, pero siempre hechas por militares y veteranos que estuvieron del lado de la familia Ríos durante el conflicto armado interno. 

Policía Nacional Civil y el desalojo a las comunidades indígenas 

Según el diputado Aldo Davila lo sucedido era precipitado y planificado de algún modo por el gobierno debido a la “inacción” que pudo observar él, pero también escribió en sus redes sociales: “Gendri Reyes atemorizando a comunidades indígenas que manifiestan en contra de una minera pero en estos casos tan permisivos que se vuelven”.

Haciendo referencia a la manifestación pacífica realizada por comunidades indígenas en el Estor Izabal en contra de la minera CGN-PRONICO de Solway Investment Group, la cual el mismo día estaba siendo confrontada por autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y fuerzas antimotines quienes se encontraban acompañando a los empresarios.

Cabe destacar que ante esta situación la Corte de Constitucionalidad (CC) había emitido un fallo en 2019 en el cual suspendía las operaciones de la empresa minera ruso-suiza y solicitaba incluir a las comunidades del territorio para una preconsulta entre la población.